Comentario

La convocatoria de un Parlamento era una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno provisional. Entre sus cometidos figuraba la redacción de una Constitución que diese forma definitiva al Estado republicano, y la elaboración de una legislación que amparase la introducción de reformas democratizadoras. Las elecciones a Cortes se regularon mediante un Decreto de 8 de mayo de 1931, que modificó la Ley electoral de 1907, y otro que convocó la primera vuelta de los comicios para el 8 de junio.
La publicación de este último Decreto lanzó a los partidos a una campaña que marcaba el paso de la etapa propiamente provisional del régimen a otra caracterizada por la consolidación de las instituciones republicanas y por el afianzamiento de la labor reformista de la Conjunción. Los conservadores tuvieron que improvisar candidaturas sin apenas apoyo de partidos, autodisueltos casi todos entre abril y mayo. Candidaturas, por tanto, excesivamente dependientes del caciquismo local, y que no favorecieron la movilización del electorado derechista, desmotivado por la previsible victoria gubernamental. La principal novedad era la aparición de Acción Nacional (AN), un Comité electoral creado a iniciativa de Ángel Herrera Oria, director del diario católico El Debate, y que tenía como objetivo prioritario asumir la defensa de las posiciones de la Iglesia en el futuro Parlamento. La gran mayoría de los candidatos derechistas se repartían, sin embargo, entre las candidaturas agrarias, formadas por terratenientes dispuestos a combatir la reforma agraria que debían legislar las Cortes, y las de los caciques sin partido, que solían presentarse bajo la etiqueta de independientes o católicos.

En el centro político, los antiguos reformistas de Melquíades Álvarez, constituidos en Partido Liberal Demócrata (PDL), acudían en solitario o con antiguos monárquicos en candidaturas de apoyo a la República. Por lo que respecta a la Derecha Liberal Republicana (DLR), de Alcalá Zamora, se vio marginada en muchos sitios por los demás partidos de la Conjunción, por lo que sus dirigentes no dudaron en utilizar los resortes caciquiles aún en sus manos y en pactar algunas listas con la derecha antigubernamental. El resto de la Conjunción republicano-socialista mantuvo un criterio unitario. No obstante, cada uno de sus grupos concurrió con su programa y la campaña dio ocasión para que se apreciase lo que sería un elemento de primerísima importancia en la política republicana: las diferencias entre socialistas y radicales, los dos partidos gubernamentales con mayor peso electoral.

En conjunto, se puede hablar de un rotundo triunfo electoral de la Conjunción, y en especial del PSOE y del Partido Radical (PRR). Con excepción de este último, el centro y la derecha republicanos quedaban reducidos a una minoría prácticamente testimonial. En cuanto a los monárquicos, sufrieron un serio revés. Prueba de su pérdida de apoyos es que la abstención, en torno a un treinta por ciento del electorado para toda España, era menor en las provincias que luego integrarían la base del voto conservador -Castilla la Vieja, el sur de la región leonesa y el País Vasco, sobre todo- mientras que en zonas fundamentales para la izquierda, como Andalucía y Cataluña, la abstención era alta, probablemente por el retraimiento anarquista. Por otra parte, el mapa electoral contemplaba novedades muy importantes con respecto a la época monárquica, que se convertirían en una constante de la vida política republicana. Así, la conversión del PSOE en la fuerza política mayoritaria de la izquierda, con especial influencia en las regiones latifundistas del sur, que sustituían parcialmente a las zonas industriales como principal cantera de votos socialistas; el apoyo dado a los radicales por amplios sectores de la burguesía liberal, ahora republicana; la hegemonía de la izquierda nacionalista en Cataluña, donde obtenía 35 de los 49 escaños, etc.